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17.2.17

¿Qué dice la sentencia Nóos?

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Urdangarin, condenado a 6 años | La infanta, absuelta| Matas: 3 años y 8 meses. FALLO completo de la sentencia del caso Nóos | Las reacciones políticas. La Casa del Rey reafirma su "respeto absoluto a la independencia de poder judicial". CRONOLOGÍA de la investigación. GRÁFICO: Así se justificaron los acusados durante el juicio.


La sentencia del caso Nóos, notificada este viernes, condena a Diego Torres a 8 años y 6 meses de prisión, a Iñaki Urdangarin a 6 años y tres meses y absuelve a la infanta Cristina de los delitos fiscales, aunque la considera responsable a título lucrativo. 

Estas son algunos de los argumentos del tribunal: Torres y Urdangarin defraudaron a Hacienda "cantidades superiores a 120.000 euros". Por encima de esa cifra, el fraude fiscal se considera delito. Según el tribunal, ambos tributaron los rendimientos de su actividad profesional a través del Impuesto de Sociedades y no del IRPF. 

"Se aplicaron deducciones a las que no tenían derecho". Además, dice la sentencia, Torres ocultó el dinero defraudado "a través de un entramado societario internacional". 

Las empresas estaban en Belice y Reino Unido. Ese dinero, no obstante, volvió al circuito legal a través de "traspasos de fondos" a sus cuentas. Sobre Baleares, el Govern "prescindió de la tramitación legal" que se requería cuando contrató a Nóos Consultoría Estratégica y al Instituto Nóos para la realización de dos proyectos: la Oficina del equipo ciclista y los Foros Illes Balears en 2005 y 2006. Fue, además, una decisión "unilateral" de Jaume Matas. 

Iñaki Urdangarin ejerció sobre el Govern una "influencia" gracias a dos cosas: su "íntima relación de amistad" con Pepote Ballester, ex director general de deportes; y su "privilegiado posicionamiento institucional". Así logró los contratos. 

El exduque de Palma estaba "concertado" con Diego Torres, su socio al 50% en Nóos Consultoría Estratégica. Las decisiones se transmitieron en el Govern de manera jerárquica, según el tribunal. 

Matas las adoptó, Ballester se las comunicó a Juan Carlos Alía (gerente de Ibatur), y este a Miguel Ángel Bonet (asesor jurídico de Ibatur) y a Gonzalo Bernal (gerente de la Fundación Illesport). 

Bonet y Bernal "trataron de revestir" las decisiones de legalidad "confeccionando" actas de reuniones que nunca se celebraron. Las reuniones, supuestamente, las celebraron la Comisión Ejecutiva o del Patronato de la Fundación Illesport. 

La Fundación Illesport desembolsó 619.000 euros; de ellos, 445.000 euros correspondían a servicios del Illes Balears Fórum 2006 "que no llegaron a ejecutarse". 

El tribunal dice que desde el Instituto Nóos hubo una "reiterada exigencia" para que les pagaran aunque eran conscientes de que "los servicios no se habían prestado".



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