Amarillas Internet

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Jóvenes que vuelven al campo

16 vacas austriacas en alquiler: cómo producir leche ecológica desde Zaragoza

Javier y Juan Sanz Imágenes: EFE

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El sector de la alimentación ecológica está ganado cada vez más adeptos entre los clientes más exigentes. Se trata de un sector joven y poco explorado en el que la tradición agrícola y ganadera de España tiene mucho que decir. Javier y Juan Sanz son dos jóvenes hermanos que hace un año se embarcaron en su primer negocio: producir leche ecológica desde una finca en alquiler en Muel (Zaragoza, Aragón).

En contacto con los animales y el campo desde pequeños en Santa Isabel, en lo que entonces era una pedanía rural de Zaragoza, desde donde su abuelo trabajaba como tratante de ganado y cultivaba tierras, siempre han tenido claro a lo que querían dedicarse. 

Ahora, acaban de cumplir su primer año como empresarios y el noviembre pasado consiguieron la certificación, aunque desde junio ya comercializaban sus productos 100 % ecológicos. De hecho, es la primera empresa láctea aragonesa que cuenta con la certificación ecológica y para ello se requiere que los animales tengan libre acceso al monte y a los pastos.

La compañía empezó con dieciséis vacas de la raza austríaca Fleckvieh, adquiridas mediante leasing, un sistema de financiación con poco riesgo que tras cinco años de cuotas les permitirá que los animales pasen a ser de su propiedad. En estos momentos, ya cuentan con 22 vacas, que además ya han dado a luz 17 terneros, y producen 300 litros (18-20 por animal) al día, que comercializan bajo la marca Torreconde y que embotellan o transforman en queso fresco y yogur desde la quesería que han levantado en La Puebla de Alfindén, de la que se encarga Javier. Esta raza de vaca da una menos cantidad que la frisona pero de mayor calidad y durante más tiempo.

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Sus productos se pueden adquirir en una treintena de tiendas de Zaragoza y provincia, así como en Huesca capital y Jaca; también se consumen en el colegio School House Montesori y próximamente en el Juan de Lanuza, ambos en la capital aragonesa. Además, todos los sábados acuden puntualmente al mercado agroecológico al aire libre de Zaragoza. Y están pensando en ampliar la gama con postres como cuajadas, flan y natillas y aprovecharlo para expandirse en otras ciudades como Madrid.

El terreno de Muel es una finca de 200 hectáreas, en quince de las cuales están plantados olivos de la clase arbequina, cuyas aceitunas transforman en aceite en una almazara de La Codoñera con la marca Olium y del que este año han conseguido una producción de 3.000 litros. También cuenta , otras dos hectáreas están plantadas de viñedos de la variedad carbenet y garnacha cuya cosecha venden a la cooperativa de la localidad. 

Este año han sembrado otras quince hectáreas con pasto para los animales. Entre sus futuros planes, aparte de atraer escolares o universitarios para que conozcan el negocio, figura la transformación del estiércol en energía con la que poder bombear agua para regar la finca.

Aunque han estudiado ingeniería técnica, Javier ha reconocido que aprenden "de la experiencia y el trabajo". Y pese a que su contacto con la ganadería y el campo ha sido "bucólico" a través de su abuelo: "disfrutábamos sin obligaciones", ha destacado Javier, no les ha sorprendido la "dureza" de tener que estar pendientes de la granja algunas veces las 24 horas del día.

El número de civiles que juran la bandera se multiplica por 12 desde 2010

 
 
 

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El número de personas que han decidido participar en actos de jura de la bandera española organizados por las Fuerzas Armadas ha ido incrementándose durante los últimos años, llegando a multiplicarse por doce desde 2010, según datos del Ministerio de Defensa.

Los actos de jura de bandera para civiles son organizados por los Ejércitos de Tierra o Aire o la Armada, normalmente coincidiendo con alguna conmemoración militar. En ellos puede participar todo el mundo que rellene una inscripción previa garantizando que cumple las condiciones requeridas: ser mayor de edad, poseer la nacionalidad española y no haber sido declarado incapaz.

En todas las juras de bandera civiles el jefe de la Unidad correspondiente pronuncia las siguientes palabras: "¡Españoles! ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, con lealtad al Rey y, si preciso fuera, entregar vuestra vida en defensa de España?". Una frase a la que el ciudadano debe contestar: "¡Sí, lo hacemos!".

Tras tomar juramento, cada uno de los participantes se acerca a la bandera española para besarla en un gesto simbólico que supone sellar el compromiso con España.

En el año 2010 fueron 1.733 personas las que participaron en alguna de las juras que se celebraron en distintos puntos de España, un número que ha ido creciendo desde entonces hasta llegar a las 21.727 que lo hicieron el pasado año.

El crecimiento en 2017 fue notable, ya que hubo un 47 por ciento más de juras que el año anterior, cuando el número fue de 8.715. El mayor número de ellas fueron organizadas por el Ejército de Tierra (16.934), aunque también hubo gente que decidió jurar con el Ejército del Aire (2.719), la Armada (1.552) y la Guardia Real (522).

Y para 2018 el Ministerio de Defensa ya ha empezado a anunciar las primeras citas. La primera tuvo lugar el día 13 en Viator (Almería) y ya hay fecha para actos que se celebrarán en Murcia, Zaragoza, Málaga, Madrid y Salamanca, entre otros muchos.

La evolución desde el año 2010 ha sido la siguiente: 1.733 juramentos o promesas en 2010, 4.742 en 2011, 8.469 en 2012, 6.637 en 2013, 10.159 en 2014, 8.715 en 2015, 14.735 en 2016 y 21.727 en 2017.

El Tribunal Constitucional arrincona a Puigdemont: su investidura pasa por presentarse ante el juez

Carles Puigdemont, durante su conferencia en Copenhague. Imagen: EFE

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Lea aquí la resolución del Constitucional

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El Tribunal Constitucional ha movido ficha para ejecutar un jaque mate casi perfecto sobre la investidura de Puigdemont. Los magistrados se vieron obligados a hacer encaje de bolillos para sacudirse la presión que rodeaba ayer su decisión de admitir a trámite o no el 

cuestionado recurso del Gobierno que pedía la suspensión del pleno de investidura en Cataluña convocado para el próximo martes.

Su decisión pospone la admisión a trámite del recurso para dictar una clara medida cautelar que, garantizando los derechos de ningún diputado electo, evita precisamente lo que el Ejecutivo de Rajoy más teme: una investidura telemática de Puigdemont desde su residencia belga. 

Los once magistrados -a falta de Andrés Ollero, ausente por enfermedad-, que se mostraban en desacuerdo acerca de la pertinencia de dar la razón al Gobierno admitiendo a trámite su recurso, lograron trabar una tercera vía, un camino salomónico, para alcanzar la unanimidad mantenida hasta la fecha en todas las resoluciones judiciales relacionadas con la crisis en Cataluña. 

Su decisión ha sido publicada este domingo en el Boletín Oficial del Estado, y establece como medida cautelar la suspensión de todo pleno de investidura del candidato Puigdemont que no cumpla estas tres condiciones: 

1. No podrá celebrarse el debate y la votación de investidura del diputado don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a presidente de la  Generalitat a través de medios telemáticos ni por sustitución por otro parlamentario.

2. No podrá procederse a la investidura del candidato sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la Cámara, si está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión.

3. Los miembros de la Cámara sobre los que pese una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión no podrán delegar el voto en otros parlamentarios.

Estos requisitos planteados por los 11 magistrados, en la práctica, arrinconan a Puigdemont y eliminan esperpénticos escenarios como una aparición sorpresa del expresidente fugado en el Parlament, previa burla de las fuerzas de seguridad españolas, que llevan días desplegadas para detenerle en un hipotético intento de volver a España. 

Su decisión también implica que los cinco fugados y sujetos a una orden de búsqueda y captura de la justicia española -entre los que se incluye el exalcalde de Girona- no podrán delegar su voto, por lo que el bloque independentista se quedaría sin mayoría absoluta, con sólo 65 diputados. 

El Tribunal Constitucional "declara radicalmente nulo y sin valor y efecto alguno cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga las medidas cautelares adoptadas", y advierte al presidente del Parlament, Roger Torrent, y a los miembros de la Mesa "de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir las medidas". 

Los magistrados les instan a "abstenerse de iniciar, tramitar, informar o dictar, acuerdo o actuación alguna que permita proceder a un debate de investidura de Puigdemont" que no respete las condiciones impuestas en esta resolución judicial. Por último, les advierte de que serán apercibidos de las "eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento". 

El camino único de Puigdemont

Ante esto, la investidura de Puigdemont sólo podría pasar por un camino: presentarse en España ante el juez y recibir una autorización para poder acudir a la cámara. JxCat ha anunciado esta mañana que el expresidente autonómico pedirá la autorización al juez en las próximas horas. 

El nuevo plan de Puigdemont pasaría por gestionar esa autorización a través de su abogado, sin necesidad de personarse ante el juez -evitando así su inmediato ingreso en prisión como medida provisional, al igual que el resto de imputados en su causa-, para acudir sin ser detenido al Parlament. En la cámara sería investido, y, posteriormente, puesto a disposición judicial y enviado a prisión. Puigdemont tiene pendiente responder ante el juez acusado de varios delitos graves, entre ellos, el de rebelión. 

Sin embargo, esta opción cuenta con posibilidades mínimas. Según fuentes jurídicas consultas por elEconomista, por norma general no deben resolverse peticiones de los inculpados si éstos no se encuentran a disposición judicial. Es decir, si no se personan ante el juez. 

En casos de gran relevancia judicial como el del dictador chileno Pinochet o de otros inculpados en fuga o no localizados, los tribunales no han admitido peticiones a través de letrados hasta que sus representados no han sido detenidos por las autoridades. 

Este modo de proceder no es obligatorio, de manera que será el juez Llarena, instructor de la causa, quien decida si accede a la petición 'telemática' de Puigdemont. 

Si analizamos las decisiones tomadas por el magistrado en lo que respecta al asunto catalán, todo parece apuntar a una alta improbabilidad de que favoreciese al expresidente catalán en este punto, ya que supondría agravar la crisis, con un presidente investido en prisión, y entorpecer el procedimiento judicial, restando al mismo toda esperanza de normalización.