Una nueva grabación del 'caso Lezo' muestra cómo Ignacio González pedía más dinero

Una nueva conversación sobre el 'caso Lezo' ha salido a la luz este fin de semana involucrando de nuevo al que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

La conversación, desvelada por 'El País' y mantenida en el restaurante La Chamartina de Madrid el pasado 4 de octubre entre el testaferro de González, Edmundo Rodríguez Sobrino, y la exdirectora financiera del Canal de Isabel II, María Fernanda Richmond, deja a la luz nuevas circunstancias hasta ahora desconocidas.

"Él se equivoca, ya cada vez que hablo con él le digo lo mismo. Siempre le doy el mismo consejo, él quiere tener ingresos, tener ingresos, tener ingresos, tener ingresos...", expresa en la conversación Rodríguez Sobrino, asegurando que él intenta frenar al expresidente: "Le digo, Nacho, tranquilízate, pasa desapercibido".

El testaferro habla de los posibles ingresos obtenidos a través del "dinerillo B que haya por ahí" proponiendo "que vaya sacando para una cena, para un no sé que...", después de que Richmond advierta acerca de que su situación financiera "no aguanta justificaciones", sugiriendo entre ambos alquilar el chalé de Marbella "por una cuestión de imagen".

Fuente: El economista

Mariano Rajoy declarará como testigo de la corrupción en el PP

El portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, ha hecho públicas una serie de precisiones jurídicas sobre la citación a declarar en calidad de testigo de Mariano Rajoy en una de las causas que se siguen sobre las tramas de corrupción en el PP, dado el cargo que ostenta actualmente de Presidente del Gobierno de España y que todos los ciudadanos están obligados constitucionalmente a colaborar con los Tribunales de Justicia.



Xulio Formoso: Mariano Rajoy, defensor de las esencias de la derecha española.
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Los tribunales de Justicia admiten las pruebas propuestas por las partes (Fiscal, acusaciones particular y popular y defensas) que consideren pertinentes para su práctica en el juicio oral. Y ello con independencia de que hayan sido admitidas o denegadas previamente como diligencias de investigación y del criterio que mantenga el Fiscal y el resto de partes sobre su pertinencia o no.

Contra las resoluciones de admisión o inadmisión de pruebas no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de que la parte a la que fue denegada la prueba pueda reproducir su petición al inicio del juicio oral. Si en dicho momento procesal nuevamente es denegada la prueba la parte ha de hacer constar la oportuna protesta. Nada dice la ley sobre la admisión por el Tribunal de una prueba que alguna de las partes no considere útil o pertinente.

Son testigos las personas físicas, con condición jurídica de terceros (es decir, sin ningún tipo de responsabilidad en los hechos objeto de enjuiciamiento), que declaran en el juicio oral sobre percepciones sensoriales acerca de los hechos y circunstancias fácticas ocurridas fuera del proceso y con anterioridad a él.

En el caso concreto, la citación como testigo de Mariano Rajoy en un juicio sobre la financiación de la formación política que hoy preside, tras haber ostentado importantes responsabilidades en la misma en el periodo enjuiciado, no resulta descabellada y es conforme a derecho. Por ello, es inadmisible calificar de abuso de derecho la citación del Sr. Rajoy.

La necesidad de la presencia del testigo en el juicio oral es una exigencia de los principios de inmediación y contradicción, por lo que salvo los miembros de la Familia Real, quienes sean llamados como testigos tienen la obligación de comparecer. El testigo además está obligado a declarar lo que supiese sobre lo que fuere interrogado y a contestar a todas las preguntas de las partes (en caso de negarse a declarar puede incurrir en un delito de desobediencia) y a decir la verdad (si falta a la verdad puede incurrir en un delito de falso testimonio).

En el caso del Presidente del Gobierno, en fase de instrucción, está exento de comparecer ante el Juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tenga conocimiento por razón de su cargo. Y se le tomará declaración en su domicilio o despacho oficial cuando se trate de cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo. Ahora bien, en este último caso, la citación como testigo en el juicio oral “se hará de manera que no perturbe el adecuado ejercicio de su cargo”.

Es posible, por ello, la citación de Mariano Rajoy a fin de comparecer como testigo ante el Tribunal y prestar declaración sobre la financiación del partido político del cual era uno de sus máximos responsables, no en su condición de miembro del gobierno. En todo caso, el Tribunal al citarle deberá de tener en cuenta la apretada agenda del Sr Rajoy.

La ley establece como regla general la declaración presencial del testigo en la sede del Tribunal, en virtud de los principios de inmediación, oralidad, publicidad y contradicción. No obstante, el Tribunal, de oficio o a instancia de parte, por razones de utilidad, seguridad o de orden público, así como en aquellos supuestos en que la comparecencia de quien haya de intervenir en cualquier tipo de procedimiento como testigo resulte gravosa o perjudicial podrá acordar que su actuación se realice a través de videoconferencia.

Como señala el Tribunal Supremo, “un sistema procesal moderno no puede desconocer estas técnicas si bien, como es lógico, debe agotar todas las posibilidades de lograr la presencia real y de utilizar estas alternativas cuando sea prácticamente imposible la comparecencia por hallarse en lugares remotos o cuando lo aconsejen incluso razones de seguridad del testigo o también cuando la causa se ha demorado en exceso por incomparecencia o trabas reiteradas que el Tribunal puede valorar como obstruccionismo procesal”.

La utilización de este recurso tecnológico queda supeditada en este caso a una decisión motivada del Tribunal que acuerda su práctica, lo que exigirá una ponderación de los intereses en juego. En principio, no parece que haya inconveniente alguno en que el Sr. Rajoy comparezca a prestar testimonio en la sede del Tribunal, órgano que por lo demás cuenta con importantes medidas de seguridad.

“El principio de publicidad de los juicios, garantizado por la Constitución, implica que estos sean conocidos más allá del círculo de los presentes en los mismos, pudiendo tener una proyección general. Esta proyección no puede hacerse efectiva más que con la asistencia de los medios de comunicación social, en cuanto tal presencia les permite adquirir la información en su misma fuente y transmitirla a cuantos (….) están en la imposibilidad de hacerlo”, señala el Tribunal Constitucional.

La ley señala, como regla general, que “los debates del juicio oral serán públicos, bajo pena de nulidad”. Como excepción, el Tribunal podrá acordar, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, que todas o algunas de las sesiones del juicio se celebren a puerta cerrada cuando así lo exijan razones de seguridad u orden público, o la adecuada protección de los derechos fundamentales de los intervinientes, en particular, el derecho a la intimidad de la víctima, el respeto debido a la misma o a su familia, o resulte necesario para evitar a las víctimas perjuicios relevantes que, de otro modo, podrían derivar del desarrollo ordinario del proceso.

La ley también estable el marco normativo básico que regula el acceso de los medios de comunicación audiovisuales a las sesiones del juicio y la grabación de las mismas. Partiendo del principio general de publicidad antes señalado, no obstante se podrá restringir su presencia cuando resulte imprescindible para preservar el orden de las sesiones y los derechos fundamentales de las partes y de los demás intervinientes, en especial de la víctima. Dichas restricciones se pueden traducir en la prohibición parcial de grabaciones de determinadas pruebas o actuaciones, la prohibición de la toma y difusión de imágenes de determinadas personas o de la facilitación de su identidad.

En aplicación de este precepto, el Tribunal deberá de ponderar de manera rigurosa los intereses en conflicto. En este caso, deberá tener muy presente el derecho fundamental a la libertad de información, estamos ante un asunto de un indudable interés informativo, y el principio constitucional de publicidad de las actuaciones judiciales.

Fuente: Periodistas

El PSOE advierte al PP de que está en manos de Rajoy acabar su mandato

Los socialistas rechazan ser el soporte del Gobierno pese a las amenazas de ir a elecciones

JOSÉ MARCOS

Mario Jiménez, portavoz de la gestora del PSOE. CARLOS ROSILLO

El PSOE rechaza la “colaboración histórica” que Mariano Rajoy les ofreció en su mensaje de final de año y se niega a ser el soporte del presidente del Gobierno en su aspiración de cumplir los cuatro años de legislatura. El portavoz de la gestora socialista, Mario Jiménez, subraya que continuarán con su objetivo de “desmontar” las leyes más controvertidas del PP de la anterior legislatura, como la LOMCE, la reforma laboral y ley mordaza pese a la amenaza de otras elecciones. “La irresponsabilidad de Rajoy la pagaría España”, sentencia.


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El responsable de Organización y portavoz de la comisión gestora del PSOE advierte de que “el chantaje” que suponen los recurrentes amagos del Gobierno con unas nuevas elecciones generales ante la posibilidad de que Rajoy no obtenga los apoyos necesarios para aprobar los presupuestos “no funcionará” con ellos pese a que todavía no se haya fijado la fecha del congreso socialista. Un vacío, el del liderazgo del partido, que se prevé que quede resuelto entre los meses de mayo y junio y que, en el supuesto de elecciones, afectaría también a la candidatura a La Moncloa.

“El PSOE no maneja ese escenario, pero en ese caso desarrollaría los procesos necesarios para la elección del candidato o candidata. No estamos con la guardia baja”, zanja Jiménez en conversación con este diario. Ante la situación de debilidad interna, desde la gestora y el grupo parlamentario se destaca, independientemente del sector al que pertenezcan (oficialista o crítico), la pegada del PSOE en el Congreso pese a disponer de 84 diputados, su peor resultado electoral. Aun así, su último éxito, el acuerdo sobre pobreza energética alcanzado con el Gobierno a finales de diciembre, supuso arrebatar a Unidos Podemos una de sus banderas sociales. En la misma senda se sitúan los otros logros que el PSOE ha arrancado al PP sin que se hubieran cumplido dos meses de legislatura. La subida del salario mínimo un 8%, la mayor de una tacada desde 1986, fue la condición que impuso por su apoyo al techo de gasto y las líneas centrales de los Presupuestos remitidos a Bruselas. Otra concesión del Gobierno fue fijar el objetivo de déficit en un 0,6% del PIB para las autonomías, lo que les permite ahorrarse una décima, equivalente a cientos de millones, para políticas sociales.

REUNIÓN TRAS CINCO SEMANAS

Los miembros de la gestora del PSOE fueron convocados el viernes a una reunión este miércoles a las 10.30 en la que abordarán la convocatoria del comité federal extraordinario. El máximo órgano de decisión del PSOE entre congresos previsto para el 14 de enero delimitará una fecha “más o menos aproximada” del congreso del partido.

La gestora del PSOE no se reunía desde el 28 de noviembre, cuando designó a los integrantes de la gestora en Canarias tras la dimisión de su secretario general, José Miguel Pérez.

Con todo, la crisis abierta como consecuencia del viraje que supuso su paso del no a la abstención a la investidura de Rajoy el pasado 29 de octubre continúa muy presente en el PSOE. La fractura que provocó en el partido el cambio de la posición política defendida durante casi un año lleva a sus administradores a recalcar que el paso dado por Ferraz para permitir la formación de un Gobierno concluía en la votación en la Cámara baja. “La carga de responsabilidad si hubiera otras elecciones no estaría en el PSOE sino en el PP, que sería muy grave en el plano institucional y en especial de cara a nuestros socios de la Unión Europea. Además, el PSOE cumplió con su responsabilidad institucional cuando se abstuvo para acabar con una situación de bloqueo político que se extendió 10 meses”, incide Jiménez.

Tanto en la gestora como los líderes territoriales y miembros de la dirección de grupo parlamentario consultados confían en que el Ejecutivo superará los problemas para sacar adelante los Presupuestos. El PSOE insiste en que los interlocutores del PP serían Ciudadanos, Coalición Canaria y el PNV. En este sentido, apuntan a las palabras del ministro de Economía, Luis de Guindos, que calcula una probabilidad “del 90%” de que finalmente haya presupuestos.

La certeza de que para Rajoy “lo mejor es la estabilidad” aun estando en minoría en el Congreso, como él mismo apuntó el pasado viernes, entronca con el mensaje navideño de Javier Fernández. El presidente de la gestora y del Principado de Asturias coincidió en el interés en una “estabilidad política e institucional”. Pero, recalcó, “hablar de responsabilidad, generosidad o altura de miras puede parecer un recurso a los lugares comunes” ante las petición de Rajoy de que se mantenga, sin más, la “actitud responsable y constructiva” de los dos últimos meses. La intención del PSOE es presentar una enmienda a la totalidad a las cuentas del Gobierno.

Los socialistas también remiten a la consideración de “disparate” que Rajoy realizó sobre la celebración de unas terceras elecciones días después del convulso comité federal del 1 de octubre que acabó con la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general. “Lo urgente, razonable y sensato es que haya Gobierno”, razonó entonces el presidente, entonces en 

Fuente: El Pais