José Manuel Grande Pérez, sargento de la Guardia Civil del municipio ourensano de Bande, ha sido cesado por el ministerio de Interior por “necesidades del servicio y la reprobación de las autoridades”, según expone el ministerio.
Pero al parecer, la causa radica en que el Guardia
Civil multó a Ana Belén Vázquez Blanco, diputada del PP en el pasado mes
de noviembre. La diputada es además, vicepresidenta de la comisión de
Interior, inspectora de Policía en excedencia y exalcaldesa de Bande.
En
el parte de la multa se refleja que, su coche estaba mal estacionado en
una acera, no había pasado la ITV y la diputada se negó a mostrar la
documentación.
La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC),
está preparando una demanda judicial “si es necesario también contra el
mando que lo ha destituido”, porque mantiene que el sargento ha sido
cesado por “una clara represalia política” contra Grande “por haber
hecho cumplir la ley”.
La diputada a su vez está ultimando otra demanda con
la que quiere acusar de “grave acoso” al que dice haber sido sometida,
asegurando que “todo es una manipulación y que solo buscaba mi
desprestigio y el de mi familia”.
El sargento de la Guardia Civil denuncia cómo puede
ser ilegal el estricto cumplimiento de la Ley, y el sindicato asegura
que la diputada del PP usó sus contactos en el Ministerio para cesar a
una persona que le resultaba incómoda.
Esta noticia tuvo lugar en abril de 2014 y es uno de
los muchos ejemplos de atropellos que vivimos en la sociedad Española
por parte de las personas que ocupan puestos políticos y la rescatamos
tras conocerse la “aventura” de la vicepresidenta en la Gran Vía. Los políticos creen que las calles son suyas.
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