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Desde la izquierda, los jueces decanos de Madrid, Antonio Viejo; la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y Valencia, Pedro Viguer, durante la presentación del documento. / JOSÉ JORDÁN
Los jueces han propuesto este miércoles elevar las penas y ampliar la prescripción de los delitos de corrupción, además de introducir nuevas figuras penales como la del enriquecimiento injusto. Los 45 jueces decanos españoles han planteado, en total, 58 medidas dirigidas a hacer frente a los casos de corrupción que "se han multiplicado", y a atajar lo que consideran una "sospecha generalizada sobre la gestión de lo público".
Los magistrados, que representan a buena parte del colectivo judicial al ser elegidos por sus compañeros,
realizan, en el documento aprobado en Valencia, un diagnóstico grave sobre la situación de España. "La democracia española se encuentra hoy en una situación muy delicada a pesar de que el sistema democrático es, no obstante sus imperfecciones, el mejor que hemos sido capaces de desarrollar en favor de la justicia, de la igualdad, de la libertad y de la convivencia". Los jueces creen que existe un "indiscutible contexto de desconfianza, de alarma sobre el funcionamiento de las instituciones" y proponen medidas con alcance "estructural, organizativo y de gestión" para mejorar la lucha contra la corrupción.
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Como conclusión a sus XXIV jornadas nacionales, ofrecen al resto de "poderes del Estado" su "colaboración" para mejorar la respuesta al fenómeno y a lo que califican como una "desesperante lentitud de las causas" aportando para ello su "experiencia" en el "primer peldaño judicial".
Las propuestas, casi todas muy específicas, incluyen el incremento del número de jueces "hasta alcanzar la media europea de 21 jueces por 100.000 habitantes", cuando ahora hay 11. Triplicar la partida destinada a la justicia para que pase a representar un 3% de los Presupuestos Generales del Estado. Aumentar la "autonomía" económica del Poder Judicial. Ordenar el reparto de competencias entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Gobierno y las comunidades. Una "modernización informática", que elimine por ejemplo las incompatibilidades que existen entre los sistemas de cada autonomía. Y la "concentración" de los juzgados "en grandes sedes".
La reforma del Código Penal que plantean contempla: ampliar la prescripción de los delitos de corrupción; introducir el delito de enriquecimiento injusto y el de "financiación ilegal de partidos políticos", y elevar las penas para delitos relacionados con la corrupción, "en particular el de tráfico de influencias, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos".
Apuestan por rebajar la cantidad a partir de la cual se considera que existe un delito fiscal (hoy son 120.000 euros). Aumentar las penas "para quienes indirectamente amparen, oculten o faciliten la corrupción", como en la "omisión del deber de denunciar". Incorporar un delito de obstrucción para los supuestos en los que una institución no remita la documentación requerida o lo haga de forma incompleta. Limitar la posibilidad de sustituir las penas por corrupción. Y despenalizar, en cambio, "pequeñas infracciones" que suponen "un desproporcionado esfuerzo" para el sistema.
Los decanos plantean modificar el sistema de selección en el Tribunal de Cuentas o del Tribunal Constitucional
Los decanos plantean también modificaciones "en el sistema de selección y nombramiento de los miembros del Tribunal de Cuentas, del Consejo General del Poder Judicial e incluso del Tribunal Constitucional", que opinan que hoy son "excesivamente dependientes de los partidos políticos". Así como la "eliminación de la posibilidad del nombramiento de magistrados a propuesta de los parlamentos autonómicos".
Los jueces piden que los refuerzos "en causas especialmente complejas, en particular casos de corrupción", se adopten "en cuestión de días y no de meses", y que en tales investigaciones los magistrados "puedan trabajar en equipo". También reclaman que el CGPJ tenga "facultad de control sobre el cumplimiento por las comunidades de sus obligaciones de dotar de medios a los juzgados".
La Ley de Enjuiciamiento Criminal, sometida a múltiples cambios desde su aprobación en el siglo XIX, debe ser, según los jueces, sometida a una “reforma” profunda que reduzca la fase de instrucción "ubicando el peso del proceso penal en el juicio oral y poniendo fin a sumarios interminables". Y reclaman una "regulación clara" de diligencias de investigación como las intervenciones telefónicas o los registros que proporcionen "seguridad jurídica a los jueces". La rapidez, continúan, debe alcanzar a los "trámites externos", como informes periciales o respuesta a oficios por parte de otras instituciones que, afirman, consume "buena parte del tiempo" de los procedimientos.
El documento pide limitar los "recursos contra resoluciones de mero trámite", que "confieren armas para la dilación procesal absolutamente injustificada". Y avanzar hacia un modelo en el que los "medios de impugnación" se reserve para el final de la investigación como vía para "revisar la misma". Plantean introducir "sanciones" para disuadir las acusaciones "temerarias". Suprimir "el privilegio" que permite a ciertas autoridades declarar por escrito "lo que hace perder toda espontaneidad a tales declaraciones". Facultar a los fiscales para que valoren "si es conveniente o no iniciar el proceso penal en caso de pequeñas infracciones". Crear juzgados especializados en delincuencia económica a escala provincial o autonómica. Y acelerar las transcripciones de conversaciones telefónicas y las comisiones rogatorias internacionales.
Los decanos proponen quitar al tribunal del jurado la competencia para juzgar a los aforados (como ocurrió con el expresidente valenciano Francisco Camps) y "en general, los delitos relativos a la corrupción".
Piden una revisión profunda del aforamiento, "que genera importantes dilaciones procesales". Y en ocasiones, afirman, facilita "la ocultación o destrucción de pruebas" y obliga "al juez de instrucción a circunvalar a la persona aforada y le impide adoptar medidas limitativas de derechos", como las intervenciones telefónicas. Consideran "oportuno" dejar la instrucción de las causas con aforados en manos del juez ordinario. Y, en todo caso, reservar el enjuiciamiento para un tribunal de aforados. Solicitan la supresión del suplicatorio en las cámaras legislativas, limitar el alcance del aforamiento a "los delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos", y vetar el "cambio de juez instructor o tribunal" para aquellos supuestos en que una persona deja "de estar aforada y viceversa".
Los indultos solo deberían concederse, opinan los decanos, cuando "exista informe favorable del tribunal" sentenciador. Y la ejecución de la pena (entrada en prisión, por ejemplo) no debería suspenderse "en caso de solicitud de indulto".
Los jueces piden reforzar la independencia de los fiscales "en caso de que se les atribuya la instrucción" de los procedimientos, como ha barajado el Gobierno. Incrementar "los medios personales y materiales de la Fiscalía Anticorrupción", crear "equipos de auténtica policía judicial con agentes a las órdenes directas de los jueces".Aumentar la plantilla de la policía judicial y "en general de todos los grupos especiales de probada eficacia dedicados a la investigación de la delincuencia económica y financiera".
Los decanos plantean que la responsabilidad civil se dirima en un proceso paralelo, porque "frecuentemente retrasa en exceso la finalización de la instrucción". Piden que se puedan embargar bienes a "testaferros o colaboradores" y que se mejore el "cruzado de datos" con organismos como la Agencia Tributaria, el Banco de España, la Seguridad Social y los registros notariales.
El documento elaborado por los decanos de los juzgados de España, incluida la Audiencia Nacional, considera necesario finalmente crear "un cuerpo de peritos contables exclusivamente al servicio de los jueces", mejorar la ley de protección de testigos y poner "expertos en informática a disposición" de los magistrados.
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