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20.4.10

Inminente: Garzon en el banquillo

Ya se ha confirmado, el Tribunal Supremo sentará en el banquillo al Juez Garzón, en un proceso que podría acabar con su carrera judicial. La decisión sobre su suspensión podría producirse de manera inminente.

La principal acusación, impulsada por grupos de ultraderecha, sostiene que el juez vulneró la Ley de Amnistía de 1977 al investigar posibles crímenes contra la humanidad, incluidas las desapariciones de decenas de miles de personas, durante la guerra civil y con posterioridad. Pero lo cierto es que dichos crímenes de lesa humanidad no pueden ser objeto de amnistía, de acuerdo con el derecho internacional aplicable.

El Tribunal Supremo se enfrenta a una decisión histórica: respetar el imperio de la ley, o permitir que la ideología y la impunidad prevalezcan sobre la justicia. Los miembros del Tribunal se hallan bajo una enorme presión para inhabilitar a Garzón, pero un protesta ciudadana masiva podria equilibrar la balanza en favor de la justicia.


Más allá de opiniones y gustos personales, lo cierto es que el juez Garzón se ha labrado una reputación por sus incansables esfuerzos persiguiendo a crueles dictadores, terroristas, mafias de la droga y políticos corruptos.


Pero el Tribunal Supremo ha admitido tres querellas en su contra, dos de los cuales podrían afectar el curso de dos investigaciones cruciales para la democracia en España: el caso por presuntas atrocidades en la guerra civil y durante la dictadura, y el caso Gürtel, contra una de las mayores tramas de corrupción política de nuestra historia.


El debate sobre la investigación de presuntos crímenes contra la humanidad es complejo pero encuentra una clara respuesta legal. Por su especial gravedad, el derecho internacional no permite que los presuntos autores de tales delitos se escondan detrás de leyes de amnistía nacionales, incluso en el caso de que dicha ley pueda cumplir un rol importante en periodos de transición política.


Si los tribunales suspenden a Garzón de sus funciones en base a dichas consideraciones, estarán debilitando nuestro compromiso hacia los derechos humanos universales y, con ello, nuestra fe en nuestro sistema judicial.



Este caso tendrá un impacto en algo que nos afecta a todos nosotros, por encima de inclinaciones políticas o de partido: la defensa de nuestra democracia, cada vez más deprimida por la aguda crisis y la plaga de corrupción. Sólo el coraje y la acción de la ciudadanía lograrán que nuestros líderes políticos e instituciones reaccionen y se pongan a trabajar por el bien común.

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